Las 1 mil 270 personas que laboran en la delegación de Cabo San Lucas, cumplieron al 100% con su declaración patrimonial.
Los Cabos, B.C.S., 27 junio 2023.- De conformidad a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Gobierno de Los Cabos por medio de la Contraloría Delegacional a cargo de José Joel Lorenzo Ruíz, dio a conocer que las 1 mil 270 personas que laboran en la delegación de Cabo San Lucas, cumplieron al 100% con su declaración patrimonial.
El titular de la dependencia, comunicó que dicha información fue confirmada por la contralora municipal Lorena Isela Berber Holguín, y se trata de un instrumento de rendición de cuentas que regulan la función pública, es decir que con ello se determina la congruencia de los ingresos y egresos reportados.
El contralor delegacional en Cabo San Lucas José Joel Lorenzo Ruíz, destacó que el proceso para la declaración patrimonial 2023, tenía un periodo de conclusión hasta el 31 de mayo, no obstante se extendió hasta el 30 de junio y hasta el momento todo el personal de la XIV Administración ya cumplió con esta obligación: “únicamente se presentaron 70 declaraciones posteriores a la fecha oficial, mismos que se contemplan como extemporáneas”, indicó.
Asimismo, señaló que la mayoría de las personas ya tienen muchos años de labor en el Ayuntamiento de Los Cabos, por lo tanto ya saben como es el proceso, sin embargo para las de nuevo ingreso se ofrece una capacitación dirigida a representantes de cada área para que a su vez repliquen la información en sus dependencias.
José Joel Lorenzo Ruíz, agregó que existen 3 tipos de declaraciones, la inicial que se elabora cada cambio de Administración y entran nuevo personal y se presenta dentro de los 60 días naturales siguientes a la posesión del encargo; la anual que se elaboran trabajadoras y trabajadores de todos los niveles en el mes de mayo y la de conclusión cuando se deja el cargo.
Para concluir, externó que en caso de que alguien incurriera en esta falta y no cumpliera con su obligación se sanciona con una falta administrativa o en su defecto económica que va desde 10 a 45 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que equivalen de 1 mil 037 pesos a 4 mil 668 pesos, dependiendo de su rango