domingo, diciembre 22, 2024
Congreso

Impulsa Diputada Eda Palacios marco legal para que Gobierno del Estado garantice servicios de Estancias Infantiles.

La Paz, Baja California Sur, a 18 de abril del 2023

  • Propone la creación de un fondo de apoyo para los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, que sea manejado por el Gobierno del Estado a través de la SEFIN en coordinación con el Sistema Estatal DIF.

La Diputada por el Municipio de Los Cabos, Eda Palacios Márquez, presentó una iniciativa para crear las bases jurídicas con las cuales el Gobierno del Estado con el apoyo de la federación y los municipios, pueda garantizar la prestación de servicios de estancias infantiles, con énfasis en las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social y se encuentren en situación de carencia o pobreza.

Para lo cual establece como un derecho de niñas y niños que residan en el Estado, que se les garantice la prestación de servicios de estancias infantiles en la primera infancia en condiciones de igualdad, no discriminación, inclusión, interculturalidad, con calidad, calidez, honradez, seguridad y protección adecuadas.

Propone la creación de un fondo de apoyo para los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, que sea manejado exclusivamente por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración en coordinación con Sistema Estatal DIF a partir de las reglas de operación que se establezcan, y dicho fondo podrá ser complementado con recursos que asignen los gobiernos federales y municipales mediante esquemas de pari passu para subsidiar o financiar las estancias infantiles, mediante reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente y la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Aseguró que la Federación, Estado y municipios pueden coordinarse para habilitar de manera inicial en cada uno de los municipios, guarderías para niñas y niños con discapacidad, indígenas, afromexicanos y de escasos recursos económicos.

En su exposición de motivos, dijo también que el gasto en cuidado infantil puede ser determinante para que las mujeres continúen o abandonen sus empleos, sobre todo, para los sectores con los ingresos más bajos.

Así mismo, expuso que pagar una guardería privada puede llegar a representar entre un tercio o casi la mitad de los ingresos de la mujer, que adicionales a los gastos de transporte y alimentación en el trabajo, puede suceder que los costos sean casi iguales a los beneficios de trabajar, por lo que se opta por abandonar el mercado laboral y dedicarse al hogar “así me lo han planteado madres trabajadoras de las zonas urbanas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, quienes solicitan estancias infantiles, ya que no tiene pagar una privada y las demás existentes son sólo para quienes tiene ISSSTE, IMSS, SEP, las cuales además son insuficientes para atender la demanda de quienes tiene seguridad social”.

Resaltó que el actual esquema de apoyos a hijos de madres trabajadoras que se promueve actualmente por la federación, si bien ayuda, no es el ideal debido a que es mucho mejor que los cuidados infantiles se presten en instalaciones adecuadas y con personal capacitado, que en casa de los familiares de las niñas y niños.

Cabe señalar que al año 2018 la entonces denominada SEDESOL apoyaba el funcionamiento de 79 estancias infantiles en Baja California Sur: nueve en Comondú, 39 en La Paz, tres en Loreto, 22 en Los Cabos y seis en Mulegé. Sin embargo, en el año 2019 esas guarderías dejaron de ser apoyadas, representando un golpe muy fuerte a las madres y padres de familia trabajadoras que utilizaban estos servicios. Actualmente las estancias y guarderías que opera el IMSS e ISSSTE son 13.

Finalmente, hizo un llamado a las comisiones a las que se turnó para su análisis y dictaminación (Puntos Constitucionales y de Justicia y de los Derechos de las NNA) a que ponderen que los cuidados infantiles en estancias o guarderías, forman parte y son reconocidas como derechos humanos de las niñas y niños, y con su existencia y operación se salvaguarda el principio del interés superior de la niñez.

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