Repone Congreso de BCS consultas informativas de la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas de BCS en municipios.
La Paz, Baja California Sur, a 25 de agosto de 2024.
- Seguirán las siguientes etapas en cumplimiento a la sentencia de la acción de anticonstitucionalidad 132/2022 emitida por la SCJN.
Este sábado 24 y domingo 25 de agosto fueron llevadas a cabo las consultas previas e informadas de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Baja California Sur, en los municipios de Loreto, Mulegé y La Paz.
La XVI Legislatura de BCS a través de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas que preside la diputada Eufrocina López Velasco, presidenta, diputado Juan Pérez Cayetano, secretario y diputada María Guadalupe Moreno Higuera así como del diputado electo Martín Escogido Flores, llevó a cabo dichas consultas con la participación de representantes de diferentes comunidades originarias de otras entidades, de Baja California Sur y asentados en la entidad.
La comisión impartió una amplia explicación de la ley sobre sus diferentes ejes como derechos, reconocimientos, salud, patrimonio cultural, lenguas y educación, derecho, los consejos municipales y estatal de pueblos y comunidades indígenas, el Consejo Consultivo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, entre otros.
Estas consultas informativas forman parte de la primera de cuatro etapas que debe agotar el Poder Legislativo de Baja California Sur para dar cumplimiento a la sentencia de la acción de anticonstitucionalidad 132/2022 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Posteriormente, se deberán reponer las siguientes etapas deliberativas, consultivas donde representantes de las comunidades van a plantear propuestas respecto a los temas de la ley; la cuarta etapa será de acuerdos y consensos, y finalmente la etapa de seguimiento de los acuerdos.
A las consultas de Loreto, Vizcaino, municipio de Mulegé y La Paz asistieron también autoridades actuales y electas de cabildos, congreso, así como las representaciones del Gobierno del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
